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¿Somos iguales ante la Ley?

 ¿Existe realmente la igualdad ante la Ley o es pura retórica?

Por Rosangélica Ticay Rivas.
@rticayr

No, no somos iguales ante la Ley. Así, de acuerdo con nuestra Carta Magna, la persona del Rey es inviolable, esto es, carece de responsabilidad penal; y solo pueden interponer el recurso de inconstitucionalidad el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta diputados, cincuenta senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas, careciendo de este derecho los gobernados; por poner dos de los ejemplos más llamativos.

En mis años de experiencia como abogada especializada en violencia sobre la mujer, término más conocido como violencia de género, siendo el género un concepto sociológico que, en virtud de la ideología de género, pretende sustituir jurídicamente a la noción de sexo, he llegado a plantearme estas interrogantes: ¿realmente existe la igualdad ante la Ley?; ¿existe una igualdad formal frente a una igualdad real?; ¿ser formalmente iguales significa necesariamente que no hay diferencias entre los individuos?; ¿las denominadas acciones positivas, esto es, la discriminación de trato legal hacia determinados grupos de personas, son suficientes para conseguir la igualdad real?; ¿el Estado trata igual a la mujer y al hombre frente a la comisión de un mismo delito?

Hace unos meses tuve la oportunidad de participar en la “I jornada sobre Igualdad Real”, organizada por el gabinete de Orientación Pol Bolaños, e intentando dar respuesta a estas preguntas, y mientras preparaba mi intervención recordé que de niña se me ilustraba la igualdad con el triángulo equilátero, porque sus lados tienen una misma longitud y sus ángulos son los mismos. ¿Pero es esta ilustración matemática fiel a la realidad social? La respuesta a priori es “no”.
Imaginemos una ilustración que hemos visto en las redes sociales en las que se realiza una competición de 100 metros lisos entre un pez vela, una tortuga y un leopardo; o bien la misma competición dentro del agua, en un lago, por ejemplo. ¿Cuál será el ganador?

Rosangélica Ticay y Laura Pol

 

La respuesta es más que obvia. Dependiendo del medio, el resultado será: en tierra firme ganará el leopardo y en el agua el pez vela. Pues en esto estriba precisamente la igualdad real, que conjuga dos cuestiones: por un lado la igualdad entendida como no discriminación y, por otro, la discriminación de trato legal.

LA IGUALDAD, MÁS ALLÁ DEL ESTADO

El Estado español se califica en nuestra Constitución como un Estado social, lo cual hace una primera proyección en el ordenamiento jurídico de la igualdad como valor superior, recogido así en su artículo 1.1.

Pero este valor superior de igualdad va más allá del Estado español, ya que viene recogido en la carta de derechos humanos; un documento elaborado por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. En consecuencia, la igualdad está intrínsecamente ligada al concepto de dignidad de la persona, que es el valor inherente del ser humano por el simple hecho de serlo. Y así, viene reflejado en nuestra constitución, en su artículo 10.

LA IGUALDAD FORMAL VS IGUALDAD REAL

En este marco es necesario definir la “igualdad formal” frente a la “igualdad real” según la jurisprudencia actual y la normativa que regula esta materia.

Si la igualdad formal, es decir, la igualdad ante la ley de todos los españoles, un valor superior del ordenamiento jurídico, la igualdad real implica un objetivo socio-político que incide en los factores de hechos que determinan la posición social de los sujetos.

La igualdad real incide en la determinación de la posición de las personas en cada contexto social con la idea de preservar sus derechos y oportunidades, a través de la “acción positiva o discriminación de trato legal”, procurando una redistribución del empleo, la educación, los cargos públicos y otros bienes escasos, a favor de determinadas personas caracterizadas normalmente por su raza, etnia o sexo, llegando a otorgarles un trato privilegiado. Un ejemplo de esto es el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, que tiene garantizadas un número de plazas.

Extracto de la ponencia brindada por la abogada Rosangélica Ticay Rivas en la jornada Igualdad Real. Para ver la exposición completa, haz clic aquí.

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